Qué nos dejó la Declaración Política de 2016: un análisis preliminar

Luego de varios meses de intenso trabajo de las distintas partes interesadas de la respuesta mundial al sida, se adoptó en la Reunión de Alto Nivel sobre el sida que se realizó del 8 al 10 de junio de 2016 en Nueva York la Declaración Política titulada “En la vía rápida para acelerar la respuesta al VIH y poner fin a la epidemia de sida en 2030”.

El texto de la Declaración Final (que puede consultarse en este enlace) contiene notables avances en términos del financiamiento de la respuesta, la inversión en la respuesta comunitaria, y algunos puntos que han sido considerados como retrocesos, en especial en lo que se refiere a la situación de los países de renta media y la mención a las poblaciones clave.

Javier Hourcade Bellocq, integrante de la delegación de América Latina y el Caribe en la Junta del Fondo Mundial, y participante de la Reunión de Alto Nivel sobre el sida, nos compartió sus reflexiones a partir de las cuales elaboramos un análisis preliminar de algunos puntos salientes del texto de la Declaración Política aprobada.

Respecto al financiamiento, se destaca el párrafo 59 b): “Nos comprometemos a aumentar la financiación de la respuesta al sida y a financiarla plenamente utilizando todas las fuentes posibles, incluidas las fuentes innovadoras de financiación, y a conseguir destinar unas inversiones financieras a los países en desarrollo de al menos 26.000 millones de dólares anuales para 2020, según lo estimado por el ONUSIDA, aumentando constantemente los fondos procedentes de fuentes públicas y privadas nacionales, en función de la capacidad de cada país, complementados con asistencia internacional de los sectores público y privado y una mayor solidaridad mundial, e instamos a todas las partes interesadas a que contribuyan al éxito de la quinta y ulterior reposición del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria”. Y el párrafo 59 p) señala que: “Nos comprometemos a movilizar los 13.000 millones de dólares necesarios para la quinta reposición del Fondo Mundial.” Se trata de un importante avance con respecto al borrador inicial de la declaración ya que ahora se establece una meta concreta de financiamiento y se expresa el monto que debe recaudarse en la próxima reposición del Fondo Mundial.

En relación con la inversión en la respuesta comunitaria al VIH, la Declaración Final retuvo los mensajes sobre el papel de las comunidades que había sido incluido en el borrador cero. En el párrafo 29 se menciona que: “Reconocemos el papel que desempeñan las organizaciones comunitarias, incluidas las dirigidas y administradas por personas que viven con el VIH, al apoyar y sostener las respuestas nacionales al VIH y el SIDA, tratar de llegar a todas las personas que viven con el VIH, prestar servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo relativos al VIH, y fortalecer los sistemas de salud, en particular la atención primaria.” El párrafo 60 d) establece que: “Nos comprometemos a crear sistemas de salud centrados en las personas reforzando los sistemas sociales y sanitarios, en particular para las poblacio nes que según las pruebas epidemiológicas corren mayor riesgo de infección, y ampliando la prestación de servicios dirigidos por la comunidad a fin de cubrir al menos el 30% de todos los servicios prestados para 2030, e invirtiendo en recursos humanos para la salud, así como en el equipo, los instrumentos y los medicamentos necesarios favoreciendo unas políticas no discriminatorias que respeten, promuevan y protejan los derechos humanos, y fomentando la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para prestar servicios de prevención y tratamiento del VIH.” Y el 64 a) expresa: “Exhortamos a que se invierta más y de manera sostenida en la promoción y el liderazgo, la participación y el empoderamiento de las personas que viven con el VIH, en riesgo de contraerlo o afectadas por él, las mujeres y los niños, teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades de los padres, los jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes y las niñas, dirigentes locales, organizaciones comunitarias, comunidades indígenas y en general la sociedad civil, como parte de un esfuerzo más amplio para asegurar que al menos que el 6% de todos los recursos mundiales para la lucha contra el SIDA se asignen a multiplicadores sociales como la promoción, la movilización comunitaria y política, la vigilancia en las comunidades, la comunicación pública, los programas de divulgación para aumentar el acceso a pruebas rápidas y diagnóstico, así como los programas de derechos humanos, como los relacionados con la reforma de las leyes y de las políticas y la reducción de la estigmatización y la discriminación.” La inclusión de objetivos específicos para la prestación de servicios dirigidos por la comunidad y para la movilización comunitaria en un documento de la ONU es un avance importante.

Como retrocesos podemos mencionar que, si bien las versiones anteriores de la Declaración Política hacían una mención específica a los desafíos de los países de renta media y la necesidad de asegurar la ayuda oficial al desarrollo para estos, la Declaración Política final no incluye ningún compromiso concreto.

Debido a que la mayoría de los países de la región de Latinoamérica y el Caribe están incluidos en esta categoría, la posición de la Representación LAC respecto a este tema ha sido que los donantes internacionales deben continuar proporcionando financiamiento a los países de renta media (en especial financiando acciones dirigidas a las poblaciones clave) y deben desarrollarse planes de transición responsable antes de que estos países estén en condiciones de asumir la total responsabilidad respecto a sus sistemas de salud y atender a todas las personas que necesitan los servicios.

Solo en el párrafo 53 se menciona que: “Observamos que muchos países pueden invertir mucho más de lo que invierten, ya que solo cuatro países desarrollados invierten una parte del total de los recursos internacionales disponibles para el SIDA proporcionalmente más elevada que su producto interno bruto mundial, y que tanto los países desarrollados como los países en desarrollo deben esforzarse por aumentar significativamente la financiación, incluida la financiación para la respuesta al VIH/SIDA.” Y el párrafo 59 c) expresa que: “Exhortamos a todas las partes interesadas pertinentes a que cierren la brecha entre los recursos mundiales disponibles en la actualidad para combatir el VIH y el SIDA y los recursos necesarios para alcanzar las metas de acción rápida para 2020.”

Respecto a las poblaciones clave y los obstáculos a los derechos humanos, el borrador cero de la Declaración Política incluía un párrafo controvertido respecto a la no criminalización de las personas LGBT, de los usuarios de drogas, trabajadoras sexuales y personas trans. Este párrafo generó tensión entre muchos gobiernos y se trabajó en la elaboración de un texto alternativo que fuese aceptado tanto por los gobiernos más progresistas como por los conservadores. Finalmente, el texto de la Declaración Política dejó fuera a las poblaciones clave y solo se refirió a las personas con VIH. En el párrafo 63 b) se establece que: “Nos comprometemos a fortalecer la adopción de medidas en los planos internacional, regional, nacional y local y comunitario para prevenir los delitos y la violencia contra las personas que viven con el VIH, en riesgo de contraerlo o afectadas por él y prevenir asimismo su victimización, y fomentar el desarrollo social y la inclusividad; a integrar esas medidas en las actividades generales de aplicación de la ley y las políticas y los programas de carácter amplio sobre el VIH, como elemento fundamental para alcanzar las metas mundiales de acción acelerada contra el SIDA y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; a revisar y reformar, según sea necesario, toda legislación que pueda crear obstáculos o reforzar el estigma y la discriminación, como las leyes relativas a la edad de consentimiento, la no revelación de la condición de seropositivo y la exposición al VIH y su transmisión, las disposiciones normativas y directrices que restrinjan el acceso a los servicios entre los adolescentes, las restricciones de viaje y las pruebas obligatorias, en particular de las mujeres embarazadas, a quienes no obstante debería alentarse a hacerse la prueba del VIH, a fin de eliminar los efectos adversos para la prestación exitosa, eficaz y equitativa de servicios de prevención y tratamiento del VIH, y apoyar los programas para las personas que viven con el VIH.”

Los artículos 63 a), 36 c), 63 e) y 63 f) también hacen mención a los derechos humanos, la eliminación del estigma y la discriminación, y la promoción de entornos legales favorables pero no se nombra a las poblaciones clave (a lo sumo se hace referencia a las personas afectadas por el VIH). El único párrafo de la Declaración Política en el que se menciona específicamente a las poblaciones clave, incluyendo a los distintos grupos, es el 42: “Observamos con alarma el lento progreso en la reducción del número de nuevas infecciones y la escala limitada de programas combinados de prevención, poniendo de relieve que cada país debe determinar los grupos de población vulnerables para responder a la epidemia teniendo en cuenta el contexto epidemiológico local, observamos con grave preocupación que las mujeres y las niñas adolescentes, en particular en África Subsahariana tienen más del doble de probabilidades de ser seropositivas que los niños de la misma edad, y observamos también que muchos programas de prevención, pruebas y tratamiento del VIH no proporcionan acceso suficiente a los servicios a las mujeres y las adolescentes, los migrantes y los grupos de población que según las pruebas epidemiológicas muestran un mayor riesgo de infección por el VIH en general, concretamente, las personas que se inyectan drogas, que tienen 24 veces más probabilidades de contraer el VIH que los adultos de la población general, los trabajadores sexuales, que tienen 10 veces más probabilidades de contraer el VIH, los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, que tienen 24 veces más probabilidades de contraer el VIH, las personas transgénero, que tienen 49 veces más probabilidades de vivir con el VIH, y los reclusos, que tienen 5 veces más probabilidades de vivir con el VIH que los adultos de la población general.”

Por lo tanto, en relación a los derechos humanos y las poblaciones clave, la Declaración Política final ofrece una imagen mixta. La ausencia de un texto sobre las poblaciones clave y un compromiso de despenalizarlas es un paso atrás. Pero, por otra parte, muchos Estados miembros –entre ellos los más conservadores– expresaron en sus discursos su preocupación por las poblaciones clave y por no dejarlas atrás.

Por último, la Declaración Política incluye fuertes compromisos en materia de igualdad de género, mujeres y niñas. Se reconoce la importancia del acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos y se hace especial énfasis en hacer frente a la inmensa carga de la epidemia en las mujeres, especialmente las jóvenes y las adolescentes en el África subsahariana. Sin embargo, la Declaración no incluye un objetivo explícito para la educación sexual integral y excluye los derechos sexuales.

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