11 de marzo de 2016
GINEBRA – El Fondo Mundial hace un firme llamamiento para abordar las cuestiones de derechos humanos, un componente esencial de las iniciativas emprendidas para acabar con epidemias como la de sida, tuberculosis y malaria.
“Para acabar con el VIH, debemos superar la discriminación en la legislación y las políticas, tanto en la práctica como en nuestras conciencias”, manifestó Mark Dybul, Director Ejecutivo del Fondo Mundial, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Es nuestra obligación aprovechar esta oportunidad histórica de ser mejores personas y construir sociedades basadas en el sólido fundamento de una familia humana integradora”.
El Dr. Dybul puso de relieve que a pesar de los extraordinarios avances conseguidos contra el VIH en la última década, los obstáculos relacionados con los derechos humanos siguen impidiendo a millones de personas el acceso a la prevención, el tratamiento y la atención. Y añadió que para maximizar las inversiones en salud y obtener la mayor repercusión, la comunidad mundial debe hacer más para superar esos obstáculos, con acciones como aumentar las inversiones en programas destinados a luchar contra la estigmatización y la discriminación, reducir la violencia contra las mujeres, facilitar el acceso a la justicia, y sensibilizar a los legisladores y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
“Debemos ser más eficaces en la eliminación de las barreras relacionadas con los derechos humanos, porque es lo correcto y porque es esencial para nuestra labor de invertir más estratégicamente y acabar con el VIH”, añadió.
El Dr. Dybul habló ante un panel de expertos sobre los avances y las dificultades a la hora de abordar las cuestiones de derechos humanos en el contexto de las iniciativas emprendidas para poner fin a la epidemia de VIH, durante el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que este mes se está desarrollando en Ginebra.
El Dr. Dybul señaló que en muchos entornos la repercusión de las inversiones en salud se ve muy reducida debido a los obstáculos relacionados con los derechos humanos que impiden el acceso a los servicios. En muchos países, las mujeres y las niñas a menudo no pueden acceder a pruebas y tratamiento, o abandonan el tratamiento iniciado, a causa de la estigmatización, la discriminación y la violencia de género. En la misma situación se encuentran los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas que consumen drogas, los trabajadores sexuales, las personas transgénero, los migrantes y los presos, pues con frecuencia no pueden recurrir a servicios de prevención y tratamiento por la discriminación de la que son objeto en los centros de salud, o debido a la violencia perpetrada por la policía.
La asociación del Fondo Mundial se fundó sobre la base de un firme compromiso en favor de los derechos humanos, El Dr. Dybul manifestó que el Fondo Mundial había aprendido de la labor llevada a cabo durante los últimos años, y que iba a redoblar los esfuerzos al respecto. La nueva estrategia de inversión del Fondo Mundial aprobada para el periodo 2017-2022, enumera como uno de sus objetivos principales “introducir y ampliar programas que eliminen los obstáculos relacionados con los derechos humanos que impiden el acceso a los servicios de salud”.
En este sentido, el Dr. Dybul dijo que el Fondo Mundial concentrará sus esfuerzos en 15-20 países con necesidades y oportunidades concretas.
El objetivo en estos países será implementar programas integrales destinados a tratar las barreras relacionadas con los derechos humanos, y se espera que den como resultado un incremento en el número de personas que se beneficien de servicios de salud y se mantengan las que ya tienen acceso, reduciendo para ello la estigmatización y la discriminación, especialmente en los centros de salud; un mayor acceso a la justicia; la reducción de violencia y discriminación ejercidas contra las mujeres y las niñas; más apoyo por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a los servicios de prevención y tratamiento; un entorno normativo más propicio; y una mayor participación de las personas afectadas en los programas vinculados a estas intervenciones.